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Personajes Alfonso Diez |
* El
valiente dura hasta que el cobarde quiere
Al poco tiempo de comenzar el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz como
Presidente de México (1964-1970), los médicos de instituciones gubernamentales
de salud como el IMSS y el ISSSTE se pusieron en huelga demandando mejores
salarios (que los merecían, porque el sueldo que devengaban era muy bajo), pero
el presidente autoritario, que consideraba que la figura presidencial debía ser
respetada a costa de lo que fuera, se enojó y aduciendo que “estoy comenzando
mi mandato y estos me quieren probar para ver cómo respondo” los mandó reprimir
de manera violenta.
Cuando el 10 de junio de 1971 los estudiantes marchaban por la calle
de Puente de Alvarado para dirigirse al zócalo, Luis Echeverría, titular del
Ejecutivo de 1970 a 1976, trazó el mismo pretexto que su antecesor: “estos me
quieren calar, para ver si voy a ser un mandatario fuerte o débil” (reconocido
por él mismo en diversas entrevistas, incluida la que se recién se publica bajo
la firma de Rogelio Cárdenas) y los mandó reprimir a sangre y fuego, recordando
a la población los sucesos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
Ya con Vicente Fox como presidente (2000-2006) y Santiago Creel como
secretario de Gobernación, los pobladores de San Salvador Atenco levantaron los
machetes, secuestraron funcionarios e impidieron que el gobierno en turno
expropiara los terrenos en los que quería construir un nuevo aeropuerto.
Eso, por lo pronto, fue el principio del fin para Creel y sus
aspiraciones a la presidencia, pero además encendió la mecha para que
cualquiera que tuviera alguna demanda, justa o injusta, simplemente bloqueara
calles con un puñado de simpatizantes y con eso lograba doblar las manos del
nuevo gobierno.
¿Bueno o malo? El caso es que marcó la pauta. Durante los últimos
dos años, diversos movimientos multitudinarios han pretendido lograr sus
demandas con manifestaciones callejeras, marchas, bloqueos y plantones.
Desafortunadamente, ya no se trata de simples manifestaciones con
pancartas solicitando que se cumplan sus demandas, como en los casos de Díaz
Ordaz y Echeverría, ahora se amenaza con violencia vía machetes y/o se bloquean
calles y autopistas para impedir el paso de los usuarios, con el simple afán de
desquiciar las actividades y lograr un chantaje efectivo.
Algunos lo han logrado, otros no. En la mayoría de los casos ha
prevalecido el interés político del autor intelectual de los movimientos por
debajo del agua, según el caso del que se ha tratado.
Llaman la atención ahora los dos últimos. El de los maestros y el de
los agentes de la AFI. En el primer caso han hecho marchas y bloqueos que
inclusive, como se dijo antes, impiden la circulación vehicular en carreteras,
de manera particular en la autopista México-Cuernavaca. Se adueñan de casetas
de cobro para que ningún vehículo pague peaje y se han dado casos ejemplares de
honestidad, de usuarios que se rehúsan a quebrantar la ley y pagan a pesar de
los manifestantes que tratan de impedirlo.
Lo que piden los maestros para terminar con su movimiento es que les
permitan ser dueños de las plazas que ocupan como si se tratara de bienes
inmuebles, de tal manera que puedan heredarlas o venderlas si así les place.
Para lograr esto exigen que ya no se les hagan exámenes de oposición, por medio
de los cuales se exhibe a los que no tienen conocimientos ni capacidad para dar
clases.
La demanda es a todas luces injustificada. Si el gobierno de Felipe
Calderón cediera al chantaje quedaría marcado como lo fue el de Fox, pero peor
que eso, su gobierno podría ser calificado de deshonesto y hasta de corrupto y
fuera de la ley, por permitir que un grupo imponga sus condiciones aunque no
tengan cabida legal y aunque para lograrlo recurran a la fuerza de las
multitudes en contra de las fuerzas que deben resguardar el orden y en contra
de la misma población.
Cuando Alejandro Gertz Manero era secretario de Seguridad Pública
Federal, acudió en helicóptero a una de las autopistas que permanecían
bloqueadas por manifestantes, con la policía rodeándolos, y les advirtió:
“tienen cinco minutos para desalojar la autopista” y antes de que se cumpliera
el plazo su orden fue cumplida, los manifestantes se retiraron temerosos.
¿Por qué ya no se actúa de la misma manera en los casos de bloqueos
de autopistas, que claramente configuran el delito de ataque a las vías
generales de comunicación? Por el miedo a ser tachados de represores, como
sucedió con Díaz Ordaz y Echeverría a raíz de los sucesos que terminaron de
manera trágica con la matanza de Tlatelolco.
El caso de la AFI tiene otras aristas que le confieren una gravedad
que linda con el Golpe de Estado.
Cuando los agentes policíacos que pertenecen a la Agencia Federal de
Investigación comenzaron a realizar marchas de protesta dijeron, la primera
vez, que era porque se oponían a que desapareciera su corporación; la segunda
vez dijeron que no se querían someter a la prueba de confianza; la tercera, que
no querían que se les integrara a la Policía Federal Preventiva. Protestaban
contra el secretario de Seguridad Pública Federal (de la cual depende la PFP),
Genaro García Luna, que antes fue director precisamente de la AFI, acusándolo
de corrupto.
Ahora, en plena desbandada tras haber sido
tomadas las instalaciones de la AFI por la PFP, dicen que “quieren aclarar que
no se oponen a integrarse a ésta, ni a hacer la prueba de confianza, siempre y
cuando lo apruebe el Congreso, que es quien debe de hacerlo”.
La realidad es que se equivocan totalmente.
Se equivocaron desde un principio porque:
1.- La Secretaría de Seguridad Pública
Federal y la Procuraduría General de la República son instituciones manejadas
por el Poder Ejecutivo Federal, que encabeza el Presidente de la República, Felipe
Calderón y, en consecuencia, cualquier cambio en estas instituciones lo decide
solamente el presidente o cualquiera de los subordinados de éste designados
para tal efecto.
2.- Por el motivo anterior, ni el Poder
Legislativo, ni el Poder Judicial pueden intervenir en los movimientos que se
den en tales cuerpos policíacos.
3.- La seguridad, en términos generales, es
en estos momentos una de las mayores preocupaciones del gobierno federal en su
conjunto, debido a los acontecimientos violentos que han estremecido a toda la
población y por lo mismo el Ejecutivo no puede permitir que un puñado de
elementos de alguna de las corporaciones mencionadas detenga o intente detener
las labores de esas instituciones por las razones personales que sean.
4.- Lo que han hecho los policías en
rebeldía, deteniendo el trabajo policíaco, y con declaraciones de que harán la
prueba de confianza y/o se integrarán a la PFP “siempre y cuando lo apruebe el
Congreso” es una insubordinación que no se puede permitir, equiparable, toda
proporción guardada, a un Golpe de Estado, porque se trata de un grupo armado
que se pone en contra del Presidente de la República, cabeza del Poder
Ejecutivo al cual deben obediencia.
La reacción del secretario de Seguridad
Pública Federal, ordenando la toma de las instalaciones de la AFI, era la que
procedía. En este caso no podía simplemente esgrimirse la libertad de expresión
para dejar que los agentes policíacos hicieran lo que quisieran con una
institución que debe resguardar la seguridad de la población, no alterarla.
No se trata de estar en contra de los
movimientos sociales justos, ni de tratar de impedir que los débiles logren
conquistas que los poderosos les reprimen, simplemente de respetar la ley. Una
manifestación pacífica, respetuosa de los demás, que no bloquea calles y
carreteras, no debe ser reprimida.
Partiendo de los casos señalados, tanto el
gobierno federal, como el del Distrito Federal, deben dejar atrás el temor a
ser señalados como represores y actuar conforme a la ley, siempre y cuando no
utilicen la violencia para levantar plantones que impiden la libre circulación
de la población, que no tiene porqué pagar los platos rotos.
La inacción significa también complicidad.
La ilegalidad, si se deja crecer, puede llegar a niveles de ingobernabilidad
que después será muy difícil parar.
Lo que hizo Gertz Manero quedó como ejemplo
a seguir. De otra manera, cabría preguntar a Calderón por un lado y a Ebrard
por el otro, ¿el gobierno que encabeza cada uno de ustedes es tan débil que un
puñado de valientes puede desbaratar cualquier propuesta (o acción) que
realicen?
Recuerden que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. |
